TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1433/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de acciones populares o de grupo cuando el sujeto pasivo es una entidad pública o un particular que desempeñe funciones administrativas

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1433 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-5725.

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

 

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo

 

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO.

 

I.      ANTECEDENTES

 

1. El 20 de mayo de 2024, el señor Jaime Orlando Martínez García presentó una acción popular contra el municipio de Floridablanca[1]. A través de este medio de control el señor Martínez García pretende el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, el acceso a servicios públicos, la seguridad y prevención de desastres y los derechos de los consumidores, entre otros[2]. Como consecuencia, el actor pidió, entre otras pretensiones, que se declare que el ente territorial y los propietarios de la piscina ubicada en el conjunto residencial San Flipe II P.H. vulneraron los derechos colectivos enunciados al no realizar las adecuaciones necesarias para que esta sea accesible para las personas en condición de discapacidad y personas mayores. Además, el actor pretende que se ordene al municipio y los propietarios que realicen las obras civiles necesarias para que la piscina sea accesible.

 

2. Como fundamentos de la demanda, el actor planteó que en el conjunto residencial San Flipe II P.H., ubicado en la ciudad de Floridablanca, no se cumplen las normas sobre la adecuación de las áreas de piscina para el acceso de personas en condición de discapacidad. En concreto, el accionante indicó que la piscina no cuenta con la infraestructura necesaria para permitir que las personas en condición de discapacidad motriz puedan acceder a ella.

 

 

3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga[3]. El despacho, mediante auto del 21 de mayo de 2024, inadmitió la demanda[4]. Posteriormente, mediante comunicación del 22 de mayo de 2024, el accionante subsanó la demanda[5].

 

4. El 31 de mayo de 2024, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga emitió un auto mediante el cual rechazó la competencia para conocer el asunto[6]. Esta autoridad judicial sostuvo que el medio de control está dirigido a ordenar la adecuación de la piscina cuya responsabilidad recae en los propietarios de las unidades residenciales de la propiedad horizontal. En esa medida, para el despacho “es claro que el ente territorial no es el centro de imputación en este asunto, ya que la demanda se dirige a que los particulares realicen las reformas pertinentes”[7]. En ese sentido, la autoridad judicial planteó que, si bien el demandante hizo referencia al municipio de Floridablanca, quien realmente estaría llamado a responder es el particular. Así las cosas, sostuvo que, en aplicación de los artículos 1, 2 y 15 de la Ley 472 de 1998, 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), la sentencia SU-585 de 2017 y el auto 799 de 2021 de la Corte Constitucional, la competencia para conocer el asunto es de la jurisdicción ordinaria.

 

5. Frente a la decisión del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, el actor presentó el recurso de apelación y en subsidio el de queja[8]. Estos recursos fueron rechazados por el despacho judicial en atención a que contra la decisión que declara la falta de jurisdicción no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 139 del Código General del Proceso[9].

 

6. Realizado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga[10]. Esta autoridad, mediante auto del 22 de julio de 2024, declaró su falta de jurisdicción y ordenó enviar el asunto a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto[11]. Como fundamento de su decisión, el despacho hizo referencia a los artículos 15 y 16 de la Ley 472 de 1998, a la sentencia AC7813-2017 del 24 de noviembre de 2017 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y a los autos 575 de 2018 y 799 de 2021 de la Corte Constitucional. En particular, la autoridad judicial planteó que la acción popular se dirige contra el municipio de Floridablanca y que a esa entidad se le atribuye la responsabilidad por la amenaza a los derechos fundamentales por el incumplimiento de sus obligaciones de inspección y vigilancia.

 

7. El 22 de julio de 2024, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga remitió el expediente a la Corte Constitucional[12]. El 26 de julio de 2024 el asunto fue asignado a la magistrada Natalia Ángel Cabo[13] y, el 30 de julio siguiente, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho[14].

 

II.   CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

8. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el artículo 241.11 de la Constitución Política de 1991[15].

 

Requisitos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

 

9. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[16]: (i) presupuesto subjetivo[17]; (ii) presupuesto objetivo[18] y (iii) presupuesto normativo[19]. En caso de que uno de estos presupuestos no se acredite la Corte debe declararse inhibida.

 

10. En el presente caso se reúnen los tres requisitos antes mencionados, tal y como se demuestra en el siguiente cuadro:

 

 

Reglas de competencia para conocer las acciones populares. Reiteración auto 799 de 2021

 

11. Las reglas para la definición de la competencia para conocer las acciones populares se encuentran definidas en los artículos 9, 15 y 16 de la Ley 472 de 1998. De conformidad con estas disposiciones, y según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen la competencia para conocer esta clase de medios de control. En ese sentido, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce las acciones populares “cuando la controversia tiene origen en actos, acciones u omisiones de dos tipos de personas: (i) entidades públicas y/o (ii) particulares que cumplan funciones administrativas”[20]. Por su parte, “[e]n caso de que no se configure una de tales hipótesis, el conocimiento del asunto corresponderá a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil”[21].

 

12. Ahora bien, en los eventos en los que la vulneración de los derechos e intereses colectivos es atribuida conjuntamente a entidades públicas y a particulares, la competencia le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estas reglas fueron recogidas por la Sala Plena en el auto 799 de 2021, en el cual precisó que la competencia para conocer las acciones populares:

 

“está determinada por la calidad del demandado, pues siempre que la violación de derechos colectivos involucre actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas será la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la competente. En contraste, cuando el demandado sea únicamente un particular corresponde conocer a la Jurisdicción Ordinaria Civil. Finalmente, si concurren en la violación personas de naturaleza pública y privada, la competente será la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”[22]

 

13. Así las cosas, es posible concluir que, de acuerdo con los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 472 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las acciones populares en las que la violación o amenaza de derechos colectivos es atribuida a las acciones u omisiones tanto de entidades públicas como de particulares.

 

Caso concreto

 

14. En el presente caso la competencia para conocer la acción popular iniciada por el señor Jaime Orlando Martínez García debe ser asignada a la autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior en vista de que la trasgresión de los derechos e intereses colectivos alegada por el demandante se atribuye tanto al municipio de Floridablanca como a los propietarios de la piscina ubicada en el conjunto residencial San Felipe II P.H. Así las cosas, dado que en la alegada violación a los derechos colectivos concurren personas de naturaleza pública y privada, el competente es el despacho de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

15. En efecto, las pretensiones de la demanda están encaminadas a que el ente territorial y los propietarios de la piscina sean declarados responsables por la vulneración de los derechos colectivos invocados. A su vez, el actor busca que el juez popular “ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnerados” [23] (subrayas propias). En esa medida, resulta evidente que, contrario a lo afirmado por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, la atribución de responsabilidad no se realizó exclusivamente en cabeza de los particulares propietarios de la piscina. En cambio, la vulneración también se atribuye a la autoridad administrativa a quien se le reprocha su omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de control, inspección y vigilancia en el marco de las actividades de construcción de inmuebles[24].

 

16. Por las razones expuestas, la Corte concluye que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada en este caso por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, es la autoridad competente para conocer la acción popular instaurada por el señor Jaime Orlando Martínez García contra el municipio de Floridablanca. En ese sentido, la Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

Regla de decisión. De acuerdo con los artículos 9, 14 y 15 de la Ley 472 de 1998, es posible concluir que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las acciones populares en las que la violación o amenaza de derechos colectivos es atribuida a las acciones u omisiones tanto de entidades públicas como de particulares.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga es la autoridad competente para conocer la acción popular promovida por Jaime Orlando Martínez García contra el municipio de Floridablanca.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5725 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, a las partes y a los demás interesados en el proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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